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Actualidad

COMUNICADO. C.G.T.S. y C.A.T.S. exigen la colegiación de todos los profesionales de TS ante las noticias de los últimos meses

También exigen que no haya ningún retroceso en igualdad y protección de las víctimas de violencia de género, ni se ponga en duda el buen hacer, la profesionalidad, la formación y el compromiso social de los TS.

5 de Junio de 2019

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COMUNICADO ANTE LA COLEGIACIÓN DE PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN ANDALUCÍA

El Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social, y el Consejo General del Trabajo Social, ante la avalancha de noticias que en los últimos meses se está dando en lo referente a la colegiación de los profesionales que componen los equipos de Valoración Integral de Violencia de Género, Equipos Psicosociales de los Juzgados de Familia y Equipos de Menores de la Junta de Andalucía de los que los y las profesionales del Trabajo Social formamos parte, queremos manifestar lo siguiente:

La colegiación de los y las profesionales del Trabajo Social es preceptiva para el ejercicio de la profesión de Trabajo Social de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 10/1982 de 13 de abril de creación de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y el artículo 2 del Real Decreto 174/2001 que aprobaba los Estatutos Generales de los Colegios.

En Andalucía, la Junta de Andalucía eximió de la colegiación obligatoria al personal público (Ley 15/2001 y 10/2003 del Parlamento de Andalucía). No obstante, el Tribunal Constitucional, en sus sentencias STC 3/2013 y STC 63/2013, declaró inconstitucional el párrafo que eximía de la colegiación al personal público en la realización de actividades propias de su profesión por cuenta de la Administración Pública para la que trabajaran.

A partir de dichas sentencias, los Colegios Profesionales de Trabajo Social de Andalucía hemos reclamado en diversas ocasiones a la Junta de Andalucía la colegiación de sus profesionales, pero sin lograr la respuesta adecuada.

La colegiación no es un mero trámite administrativo, sino que permite el control de la profesión garantizando que las personas profesionales se rijan por unas normas deontológicas fijadas por la profesión, lo que supone una salvaguarda de los derechos de la ciudadanía y procura la generación de la confianza ciudadana al encontrarse bajo protección ante una posible mala praxis profesional.

Por otro lado, la colegiación ofrece a las personas colegiadas el apoyo de una corporación de derecho público que defiende su independencia y autonomía profesional frente a los intereses de las personas empleadoras que pueden pretender que primen estos frente a los derechos de la ciudadanía.

Por tanto, la incorporación en los Colegios Profesionales es una obligación, y es responsabilidad de las entidades empleadoras, ya sean entidades públicas o privadas, asegurarse de que la persona contratada se encuentra colegiada según la legislación vigente, porque la titulación es necesaria para desempeñar la profesión y la colegiación es el requisito que habilita para su ejercicio.

Por este motivo solicitamos a la Junta de Andalucía, y lo hacemos extensivo a todas las Administraciones Públicas, entidades sociales y empresas privadas que, de conformidad con la normativa vigente, exijan la colegiación a los y las profesionales del Trabajo Social que ejercen su profesión en ellas, garantizando así la calidad de los servicios prestados.

Hemos de apuntar que la calidad del servicio no depende solo de la colegiación ni del control deontológico de la praxis profesional, sino que también va a depender de que se den unas condiciones laborales dignas y de que los equipos de trabajo cuenten con el personal suficiente para el desarrollo de una intervención social de calidad. Por este motivo, también solicitamos a la Junta de Andalucía y demás Administraciones Públicas que doten a los equipos, no solo los relacionados con menores y con violencia de género, sino a todos los que componen nuestros sistemas de protección social y otros servicios públicos (servicios sociales, salud, educación, justicia…), del personal suficiente y de recursos adecuados para el desarrollo de sus funciones y con unas condiciones laborales dignas, evitando subcontrataciones que no garanticen la calidad del servicio prestado.

Por último, nos preocupa que, ante esta situación, se dé un deterioro de los Derechos Sociales alcanzados, tanto en materia de igualdad y de género como en el desarrollo de los Servicios Sociales y otros sistemas de protección. Pedimos que ninguna persona, entidad, medio de comunicación o Administración Pública aproveche esta coyuntura para debilitar los Derechos Sociales conseguidos, y que no se promueva ningún retroceso en materia de igualdad y de protección de las víctimas de violencia de género, ni se ponga en duda el buen hacer, la profesionalidad, la formación y el compromiso social del conjunto de los y las profesionales del Trabajo Social que día a día trabajan por la mejora de la calidad de vida de toda la ciudanía, con el objetivo de alcanzar una sociedad cada vez más integradora, justa, igualitaria y diversa.

Por ese motivo, solicitamos a la Junta de Andalucía el mantenimiento y mejora de las políticas de igualdad de género y defensa de las víctimas de violencia de género, así como de las políticas de protección de menores. También demandamos que se incrementen paulatinamente los equipos de los Servicios Sociales y de los demás servicios de protección social, alcanzando una ratio profesional adecuada por habitante, y que se garantice la autonomía y las condiciones laborales y técnicas adecuadas para que los y las profesionales del Trabajo Social puedan desarrollar una intervención social de calidad para toda la ciudadanía.

Nuestro deseo es consolidar los Derechos Sociales conseguidos y avanzar en la mejora de nuestros sistemas de protección social, por lo que ofrecemos para ello a las diferentes Administraciones Públicas nuestra visión, formación y experiencia en todos aquellos espacios de colaboración que se puedan plantear.

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