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Actualidad

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública se queja de la gestión que realiza el Gobierno sobre la Hepatitis C.

9 de Enero de 2015

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Desde la FADSP se exige:

1.- Transparencia en la información sanitaria sobre fármacos y tecnologías, evitando la utilización y la infiltración de los centros sanitarios y de las asociaciones de pacientes por parte de la industria farmacéutica. Los enfermos graves exigirán, como es normal, cualquier terapia que pueda curarles, sobre todo si se publicita como "píldora milagrosa", pero solo la publicación de toda la información relevante sobre los ensayos clínicos y la evolución de los pacientes tratados, podrán conocerse los beneficios reales y los perjuicios de estos fármacos, para la toma de decisiones en base a la mayor evidencia disponible.


2.- Creación de un comité científico – técnico por parte del Ministerio de Sanidad y del Consejo Interterritorial del SNS que tenga las siguientes tareas: Una, elaborar y actualizar de acuerdo a la evidencia científica un protocolo de actuación /tratamiento de los enfermos con hepatitis C; Dos, garantizar que los enfermos que reúnan las condiciones recogida en el mismo reciban el tratamiento de manera inmediata; Tres, elaborar un registro del tratamiento de los enfermos con hepatitis C en nuestro país, y la eficacia y efectos adversos de los mismos; Cuatro, canalizar la información sobre la enfermedad y su tratamiento ante la opinión pública y mantener un contacto continuado y fluido con los afectados.


3.- Hay que revisar de una manera inmediata el coste del tratamiento con Sofosvubir, ajustándolo a la inversión realizada en su investigación y fabricación y a unos beneficios razonables para la empresa. Si Gilead persiste en mantener precios cientos de veces superiores al coste real del fármaco, esté deberá fabricarse como genérico. Las leyes internacionales lo permiten en casos especiales de salud pública como el que nos ocupa.


En la FADSP consideran nefasta para el SNS y para la salud de los pacientes esta política farmacéutica, que permite que la industria juegue en bolsa con nuestra salud. Creemos que solo con el control público de la información, la docencia y la investigación podremos lograr un sistema sanitario sostenible y una práctica clínica eficiente y segura para toda la población.

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